Más temprano que tarde

Preocupaciones ciudadanas como la delincuencia y el crimen organizado o los casos Monsalve, Orsini y Hermosilla nos podrían distraer del tema del crecimiento del empleo público, pero como no tiene nada de trivial y ha sido enorme, imposible es olvidarlo.

Según el INE, a febrero de este año, durante los primeros 20 meses del actual gobierno, el empleo público creció en un 7,2%, muy por encima de igual período de los tres anteriores períodos presidenciales (2,3% en promedio). Esto significa en concreto que crecieron los empleos correspondientes al gobierno central, municipalidades, universidades y centros de formación técnica (CFT) estatales, trabajadores de empresas públicas y del Banco Central. De esto se trata el «empleo público». No del personal de la FF.AA., Carabineros, PDI, parlamentarios y personal de la Educación Municipal.

Por otra parte, la Dirección de Presupuesto emitió su «Informe Anual de Empleo Público 2023» (a comienzos del presente año) señalando que los funcionarios públicos son 869.271, un significativo 4,8% por sobre los del 2022. Casi la mitad (49,5%) corresponden a la Administración o Gobierno Central, un 35,6% a las municipalidades, y los restantes a universidades y CFT estatales (6,3%), a empresas públicas (5,5%), organismos autónomos (3,0%) y a otras instituciones (0,1%). El sector que más creció en empleos públicos durante 2023 fue el de las municipalidades, un 11,1%, probablemente por el tiempo electoral que tuvieron en octubre.

Por último, en noviembre recién pasado, el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC dio a conocer su informe «Mercado Laboral Chileno 2024: urgencias y retos persistentes». Señala que hay un rezago de 14 años en la recuperación del empleo (estaríamos con niveles del 2011), que la informalidad avanza (38,2% no cotiza para pensiones), que la tasa de ocupación de la masa laboral es del 56,3% (era 58,2% antes de la pandemia), que faltan 309.000 empleos para igualar la situación laboral pre pandemia, que el segmento de los 15 a los 24 años es el más afectado. El empleo informal creció en 550 mil empleos entre 2022 y 2024 y que el formal decreció en 315 mil.

Estos datos dan cuenta, en primer lugar, que hay significativas diferencias entre distintos organismos respecto del empleo público. Nada bueno puede esperarse en la solución o mejora de una materia en la que no hay certeza ni datos confiables. En segundo término, hay que señalar que el gasto en personal representa el 20% del presupuesto nacional por lo que es importante mejorar sus datos y realizar acciones de optimización de dotaciones, su forma de reclutamiento y sus remuneraciones. Hace veintiún años se creó el Servicio Civil precisamente para atender estas necesidades, sin embargo, mucho no se ha avanzado o poco el caso que se le hace.

Adicionalmente los expertos, los ciudadanos y los propios funcionarios públicos coinciden en que elementos tales como la inamovilidad y la ausencia de incentivos reales para el mejoramiento del desempeño, atentan contra el logro de los objetivos propios de cada organismo público.

Más temprano que tarde deberá prestarse atención a la hiperinflación de funcionarios públicos que con remuneraciones en promedio, mejores que las de sus equivalentes en el sector privado y sin que se perciba mejora en las prestaciones que les corresponden, amenazan la capacidad de nuestra economía.